¿Qué país queremos construir? La privatización del sistema educativo en Colombia y el descuido de lo público.

Elaborado conjuntamente por
Felipe Moreno Moreno y Felipe Guerra Baquero
Colectivo Acción Andante – Universidad de los Andes.

La educación es reconocida como un elemento fundamental de las sociedades para generar desarrollo social. Más aún, en Colombia es reconocida su importancia dado los problemas y debilidades constantes que ha afrontado esta durante su historia; dominación por la Iglesia, procesos de secularización posteriores y falta de cobertura y calidad. Los problemas se ven desde la Educación primaria hasta la Superior pero en la actualidad es la última la que más llama la atención dado la intención de reformar la ley 30 del 92 por parte del Gobierno en 2011. A partir de esta voluntad de cambio es que se ha entablado la profunda pregunta sobre el papel del Estado, como ente público, y los privados en la configuración del sistema de la ley 30 para así proceder a la creación de soluciones a los problemas de ambas. Es por esto que este artículo busca dar unas pinceladas sobre el papel que ha jugado lo público y lo privado en la Educación Superior para así proceder a dar una opinión sobre las posibles soluciones a los problemas del sistema. Nosotros creemos que una reforma al sistema de Educación Superior debe pasar por el fortalecimiento de la estructura pública de la educación dejando un papel secundario a los privados en aras de generar un sistema para el beneficio de la sociedad colombiana en su totalidad.

En la consolidación de un sistema de educación superior, los distintos gobiernos desde 1980 han priorizado el crecimiento de la educación superior privada sobre el crecimiento de la educación pública (Orozco Silva 2013). Al respecto, Orozco afirma que “tanto si se mira el tamaño de la matrícula como el aumento del número de las instituciones, programas y docentes, en todos los casos la participación del sector privado supera, entre 1975 y 1980 la del sector oficial, y en los años subsiguientes parece seguir ampliándose esta brecha [sobre todo en el número de instituciones]” (Orozco Silva 2013, 37). Es más, para antes de la década de los 90, “ante la ausencia de una política Estatal en torno al sistema de educación superior […] el Estado entrega prácticamente la iniciativa en materia de educación superior a la organización universitaria [privada]; lo mismo su control y el manejo de su presupuesto, en manos de un grupo de rectores de las universidades privadas” (Lucio y Serrano 1992, pág. 54, citado por Orozco Silva 2013). Desde la creación de Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) en 1957, “las orientaciones de política las asumió el sector privado desde ASCUN”  por lo cual el sector público se mantuvo ausente de planeación. Dada la ausencia de planeación del sector por parte de gobiernos apegados a un “dejar hacer, dejar pasar” en materia educativa, se dio una proliferación atomizada  y desmesurada de Instituciones de Educación Superior (IES) caracterizadas por la carencia de calidad y articulación (Orozco Silva 2013, 41). En este contexto, el Decreto 80 de 1980 surgió como un salvavidas para potenciar al Estado como el interventor que le daría forma al sistema y se puso de presente la función social de las instituciones privadas, las cuales debían constituirse sin ánimo de lucro (Orozco Silva 2013, 43). Su principal objetivo fue aumentar el acceso y la cobertura con calidad, lo cual se retomó en el artículo 357 de la Constitución del 91.

Así pues, con la promulgación de la Constitución del 91 se introdujeron nuevos elementos contextuales como particulares en la fórmula del sistema de educación superior.  Sin necesidad de ir muy lejos, es claro que los Estados constitucionales tienen un pacto ciudadano, construido democrática e intersubjetivamente, que establece un proyecto de sociedad dando al Estado unas potestades y deberes frente a esta. En lo que respecta a la educación, y en lo que concierne a este artículo, es necesario recordar que “el gasto social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación” (Artículo 350, CPC), y la educación, entre otras, son objeto del gasto social. La educación se define como un “derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, [y] será gratuita en las instituciones del Estado”  (Artículo 67, CPC). Además de esto, la educación es un elemento constitutivo del bienestar general y de la calidad de vida; “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado, [siendo] objetivo fundamental de su actividad la solución de necesidades insatisfechas de educación, [entre otros]” (Artículo 366, CPC). En cuanto a los servicios públicos, “es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional” (Artículo 365, CPC).En este marco constitucional, es claro que el Estado debe fortalecer la educación en general como una función social para reducir la brecha de desigualdad, entre otras. En este sentido, este debe potenciar a las personas y la sociedad en su conjunto, sobre todo si se tiene en cuenta que el gasto social prioriza a la población pobre con necesidades insatisfechas en pro del desarrollo armónico regional (Artículos 334 y 356, CPC). Así pues, se entiende que la educación ha sido definida como una prioridad  para la sociedad colombiana, siendo obligación del Estado ser prestador y garante de dicho derecho y servicio público.

Dichos parámetros constitucionales han sido desarrollados por la Corte Constitucional, en las sentencias T-974 de 1999 y T-925 de 2002, y T-933 de 2005,  la cual ha establecido que el Estado debe propender por aumentar el acceso, la cobertura y la calidad educativa en aras de lograr aquellos fines establecidos en la Carta Política. Teniendo esto en cuenta podemos proseguir a analizar los términos de cobertura y calidad de la Educación Superior con el fin de  dar una perspectiva de cómo se ha desarrollado el sistema bajo el paradigma de lo privado analizado al comienzo de este ensayo. En términos generales, la cobertura bruta  del sistema era del 37% para el 2010, siendo un porcentaje bajo a comparación de otros países de la OCDE. En el 2012, 72.2% de las Instituciones de educación superior (IES) eran privadas, mientras que el 27.8% eran públicas (OUC 2013). Si bien el número de IES privadas es mayor, para el 2011 el 55% de los estudiantes estaban matriculados en IES públicas y 45% en IES privadas, con lo cual se revirtió la tendencia presente en el 2000 donde había mayor cobertura privada (64%) (OUC 2013). Este cambio obedeció a la inclusión del SENA en la cobertura pública a sabiendas de que esta era, y todavía es, una capacitación de trabajo práctico de baja calidad y no una educación de calidad propiamente dicha (Gaviria, Páez y Toro 2013, 83-84). Entonces, si bien la cobertura pública ha aumentado en proporción a la privada, las cifras esconden el problema de la calidad de la educación.

La tendencia de incremento en la cobertura en las IES públicas puede ser analizada críticamente desde dos ángulos. El primero tiene relación con la categorización de las capacitaciones cortas del SENA como Educación superior que fue descrita anteriormente. El segundo,  refiere a las exigencias de cobertura  hecha a las Universidades, por parte del gobierno, que hicieron que éstas incrementaran el número de matriculados por semestre, el número de investigaciones y la planta física, entre otras (SUE 2012, 9). Sin embargo, la ley 30 de 1992 estableció un sistema de financiación de las IES públicas del Estado donde, según el artículo 86, el aumento anual de la educación superior se basaría en el Índice de precios del consumidor (IPC) (SUE 2012). Por esta razón, y porque los gobiernos han tomado este artículo como una máxima y no como la garantía de un aporte mínimo, las Universidades públicas han tenido que mantenerse con el mismo presupuesto que tenían para el 92 porque éste sólo ha crecido en proporción al IPC (SUE 2012, 17). Entonces, el crecimiento que se les exigió en cuanto a cobertura desconoció la necesidad de mantener los mínimos de calidad de la época, de proyectar mejoras en la calidad y de realizar mantenimiento de la infraestructura. Además, aquellas universidades públicas que se encontraban en etapa de crecimiento, y requerían recursos adicionales al crecimiento del IPC, crecieron en desventaja sin cumplir con las expectativas regionales (SUE 2012, 18). Prueba del desfinanciamiento y descuido de las IES públicas es que hoy  han comenzado a depender mayoritariamente de las matrículas de los estudiantes y que universidades como la Nacional, sede Bogotá, están en un colapso literal: se caen los techos de los edificios, departamentos enteros no tienen donde dictar clases y se ha procedido con la evacuación de edificios por lo riesgoso que es siquiera respirar dentro de ellos. En fin, la educación pública está siendo descuidada en términos de calidad, dejando a su paso infraestructuras sin mantenimiento, sin cumplimiento de normas de sismo resistencia, laboratorios obsoletos, deficiencias en tecnologías de información y la comunicación (TIC), entre otras (SUE 2012, 18) por una falsa carrera de cobertura.

Como si fuera poca cosa esta crisis en la educación pública, la educación privada no contribuye significativamente al cumplimiento de los mandatos constitucionales por sus lógicas internas. La oferta privada se ha alineado con el patrón de desarrollo económico de Colombia marcado por el centralismo y el abandono de la periferia: la cobertura privada aumenta en las grandes ciudades descendiendo a niveles paupérrimos en la periferia (Gaviria, Paez y Toro 2013, 84). Teniendo en cuenta que la oferta privada busca un mercado al cual dirigirse, es claro que la mayor parte de esta se encuentra en el centro o en las zonas que presentan un boom económico, siendo mínima o nula en la periferia donde prevalece la oferta pública. Aunado a esto, se debe recalcar que la tendencia de la oferta privada ofrecida es de baja calidad teniendo en cuenta elementos como la razón de alumnos por profesor, calidad de los profesores, acreditación, etc.; la excepción son las pocas IES privadas cuya población es la clase alta del país (Gaviria, Paez y Toro 2013, 115). Por último, es importante remarcar que la oferta de programas se basa en criterios de mercado o de preferencia; hay programas que no se venden tanto, lo cual los hace insostenibles para los privados. Entonces, las IES privadas tenderán a una oferta reducida de programas frente a las públicas, por lo cual un sistema donde no prevalece lo público dejará un vacío en áreas del conocimiento relevantes para las necesidades de la sociedad.

Estos elementos muestran la lógica económica que sigue la oferta privada de educación superior. Además, a partir de los efectos que ha tenido dicha lógica en la cobertura y calidad  de dichas IES, podemos evidenciar como estas no cumplen ni fomentan los fines de la educación superior. El abandono de la periferia mantiene la exclusión de un sector poblacional lo cual lleva a impedir el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos. Por otro lado, la calidad de la oferta privada  es baja lo cual se pueden evidenciar en un elemento que, si bien pareciera contra intuitivo, recalca algunos de los datos dados anteriormente: las universidades públicas, en general, presentan mejores resultados con sus egresados que las universidades privadas (Gaviria, Paez y Toro 2013, 119). Así pues, ya hemos podido analizar algunos elementos de la oferta privada que, junto a lo visto de la oferta pública, nos dan una visión del sistema de Educación Superior y su estado actual.

Después de este panorama quedará la impresión de que el artículo defiende únicamente lo público, pero lo que realmente está planteándose es que, si se tiene que la educación es un derecho, un servicio público y un rubro importante del gasto social (para conseguir bienestar social y mejoramiento de la calidad de las personas garantizando criterios de equidad), la educación pública debe ser el pilar fundamental, y la privada una opción marginal. Como se argumentó anteriormente, la educación privada funciona de manera tal que no podrá fomentar todas las áreas del conocimiento ni podrá crecer proporcionalmente a las necesidades regionales. Así mismo, dados los costos de las matrículas, las privadas encaminan a la sociedad colombiana a un “Apartheid” educativo porque no todos los estratos pueden costear los elevados costos de las matrículas ni el crecimiento (desproporcionado) anual. Si bien la vía pública tiene ventajas significativas frente a la vía privada, el Estado colombiano parece comprometido con el descuido de lo público. Esto  no sólo se da por las consecuencias del artículo 86 de la Ley 30 de 1992 que establece un mínimo de incremento anual basado en el IPC, sino por voluntad política, ya que los distintos gobiernos de turno han tenido elementos suficientes en sus manos para fortalecer lo público pero han decidido dejarlos caer, tal como los edificios de la Nacional.

La política neoliberal explícita de los distintos gobiernos, que encuentra sus raíces en el radical “dejar hacer, dejar pasar”, impide que se realice el mandato constitucional sobre la educación. Como se mostró anteriormente, la Constitución Política de Colombia tiene un mandato que resulta de un pacto ciudadano, legítimo por su carácter democrático, en donde el Estado debe tomar una posición a favor del fortalecimiento de la educación pública. Sin embargo, los gobiernos han dejado en manos de los privados la educación superior, lo cual ha conducido a una serie de problemas relacionados con desequilibrio y marginamiento regional, baja calidad académica, déficit de áreas de conocimiento, Apartheid educativo por los costos de las matrículas y deterioro de la institucionalidad pública entre otros. Estos problemas no deben ser vistos simplemente como fallas del mercado. El sistema educativo en nuestra Constitución es también un conglomerado de instituciones que, si bien tiene diversas relaciones con el mercado, es a su vez un fin al que el Estado debe llegar mediante el fortalecimiento de lo público en contraposición a las limitaciones de lo privado. Así pues, el sistema debe garantizar el acceso igualitario a una educación de calidad para todas las personas y, a su vez, debe desarrollar las áreas del conocimiento necesarias para la resolución de problemas que afronta el País.

Bibliografía:

CPC, Constitución Política de Colombia. 1991.

Corte Constitucional – Sentencias T-974 de 1999 y T-925 de 2002, y T-933 de 2005.

Gaviria, A., Páez, G. N., & Toro, J. R. (2013). Cobertura y calidad en la educación superior en Colombia. En L. E. Orozco Silva, La educación superior: retos y perspectivas (págs. 79-122). Bogotá: Ediciones Uniandes.

Orozco Silva, L. E. (2013). Tendencias de las políticas públicas en materia de educación superior. En L. E. Orozco Silva, La educación superior: retos y perspectivas (págs. 31-78). Bogotá: Ediciones Uniandes.

OUC, E. O. (2013). El Observatorio de la Universidad Colombiana. Recuperado el Diciembre de 2013, de http://www.universidad.edu.co

SUE, S. U. (2012). Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia: La realidad de la crisis en el sistema de financiación de las Universidades Estatales. Pereira.

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